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¿Tocamos fondo?

Por Juan C. Sánchez Arnau / Economista y diplomático

La semana pasada el Banco Central emitió la Resolución A 7395 regulando las tenencias en divisas que pueden mantener los bancos hasta el 30 de noviembre. Esto les impediría hacer uso del margen de compra de unos 1.000 millones de dólares de que disponían a la fecha de publicación de la resolución. Es esta una expresión más, después de tantos “cepos”, “cepitos”, tasas y restricciones de diversa índole, de que las reservas del BCRA se están agotando. El último balance de la institución (30 de octubre), bien leído, nos dice que las reservas disponibles y realizables no llegan a los 6.300 millones de dólares. De esas reservas, 3.526 millones son en oro. El Banco puede vender ese oro o hacer un “swap” (venta con compromiso de recompra). En este último caso la operación sería por un monto menor (el aforo por el riesgo de caída del valor del oro) y en ambos casos, sería la señal de que se agotaron totalmente los recursos. A ello seguiría el riesgo de una fuga más acelerada de capitales y un aumento adicional de la pérdida de valor del peso.

Por otra parte, al Central aún le quedarán a fin de año el equivalente de unos USD 460 millones en Derechos Especiales de Giro que precisará en el mes de enero para hacer frente al próximo vencimiento de USD 731 millones con el FMI. El resto podrá atenderlo con reservas o con los ingresos que se generan en esta parte del año por la venta de la cosecha fina. Ese vencimiento será, sin embargo, solo el primero de una serie de vencimientos que totalizarán cerca de 18.000 millones el año próximo. También vencen en 2022 no menos de USD 3.500 millones de préstamos de otros organismos internacionales (BID, Banco Mundial, CAF). En circunstancia normales una parte de estos últimos será amortizada con desembolsos de nuevos préstamos o proyectos. A estos 20.000 millones de dólares de vencimientos habría que agregar demandas adicionales por cancelaciones de deuda de las provincias, obligaciones por fallos pendientes de pago en el CIADI y quizás otras demandas por algunos fallos que nos esperan en tribunales de Londres y del Distrito Sur de New York, más unos USD 500 millones para cancelar préstamos financieros y bancarios, incluyendo intereses, de particulares.

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Para hacer frente a estos vencimientos, el país podría contar con algo menos de USD 10.000 millones de superávit de la cuenta de bienes y servicios (el Presupuesto prevé 9.323 millones) más las limitadas reservas del BCRA. Es decir que en las condiciones actuales faltarían unos diez mil millones de dólares para poder hacer frente a nuestras obligaciones del año próximo, a condición de que se mantuviera el cepo y las limitaciones vigentes de importaciones y pagos de diversos servicios al exterior. Situación que se agravaría en el 2023 cuando los solos vencimientos con el FMI llegarán a 19.000 millones de dólares.

Ante esta situación el Gobierno tiene tres posibilidades.

  • Dejar de pagar al FMI, como pide una parte de la coalición gobernante, y asumir las consecuencias: la pérdida de acceso a nuevas líneas de crédito bancarias (que perjudicaría significativamente nuestro comercio exterior); tener que cancelar también la mayor parte de los créditos de los demás organismos financieros internacionales, que no nos renovarían los préstamos y proyectos a medida que venzan, y quedar al margen del sistema financiero internacional con escasas posibilidades de recibir en el futuro inversiones extranjeras. Sin mencionar los riesgos de fuga de capitales y de presión sobre el valor del peso que generaría semejante política. Es el camino hacia la hiperinflación, pero nos evitaría el “hambre del pueblo” al que según estos grupos nos condena la condicionalidad de los acuerdos con el FMI.
  • Pagar con recursos propios, generados por el superávit de la balanza comercial, previa devaluación para reducir aún más las importaciones y generar algunas exportaciones adicionales y manteniendo las limitaciones vigentes para operaciones con divisas. Sería el “vivir con lo nuestro”, lógicamente a un nivel de actividad y generación de empleo menor al actual; y sin posibilidades de encontrar un equilibrio para el futuro de nuestra economía. La imprescindible devaluación tendría dos consecuencias. La primera sería el aumento de la tasa de inflación (por lo menos en el corto plazo) y la segunda un aumento de la pobreza. Un reciente estudio de la consultora Analytica establece que, en las actuales condiciones, una devaluación del 20% llevaría debajo de la línea de pobreza a otros dos millones de personas y que algo más de 1,1 millón pasarían a estar por debajo de la línea de indigencia. En cualquiera de estas dos situaciones, posiblemente el Gobierno trataría de encontrar otras vías de apoyo financiero en países como China o Rusia, con los que negociaríamos desde una posición de total debilidad.
  • Acordar una Facilidad Extendida con el FMI y, en ese caso aceptar las modificaciones a la política económica que requiere un programa de este tipo. Básicamente: contar con un plan económico creíble dirigido a reducir el déficit fiscal y a tomar las medidas de fondo necesarias para hacerlo posible y sostenible en el largo plazo; limitar la emisión monetaria; y seguir una política cambiaria que promoviera en el futuro el ingreso de fondos externos. En el lenguaje actual del FMI ese sería el camino para lograr la generación de empleo y la expansión del sector privado. Por otra parte, y siguiendo el ejemplo del último acuerdo de Facilidades Extendidas firmado por el FMI con Ecuador, podría también haber requisitos dirigidos a disminuir los riesgos de corrupción en la obra pública. El plan por acordar tendría cinco años de duración y permitiría al país pagar las deudas actuales con los desembolsos futuros del nuevo acuerdo, pagar por intereses y recargos una tasa de aproximadamente 4,05 puntos y extender por cinco años más los plazos de amortización de toda la deuda. Firmado el acuerdo con el FMI podría también completarse la renegociación de la deuda con el Club de París y mantener el flujo de los créditos de los demás organismos financieros internacionales.

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En estas condiciones ¿por qué buena parte de la coalición gobernante se opone al acuerdo con el FMI? Dejando de lado las consideraciones de naturaleza ideológica -la situación exige puro realismo- podemos suponer algunas. La primera es la resistencia a aceptar recortes a los subsidios a las tarifas, para evitar que sigan pesando desproporcionadamente en el gasto público. La segunda, sería la oposición a poner límites al gasto público y a reducir el aparato del Estado. La tercera, la resistencia a abrir la discusión y la negociación sobre problemas que tienen una fuerte incidencia en el déficit fiscal: la reforma impositiva, la distribución de fondos con las provincias, el déficit de las empresas públicas, y, especialmente, el manejo de los planes sociales y otros subsidios, hoy imprescindibles para mantener la paz social pero que se han convertido en un freno a la creación de empleo y en una de las causas principales del déficit fiscal. Simplificando, lo que existe es una seria resistencia por revisar las políticas que nos han llevado a esta difícil situación. Y es comprensible, porque en el origen de nuestros problemas, más allá de los errores de política económica cometidos en el curso de la pandemia, está la equivocada estrategia seguida desde un inicio por el actual Ministro de Economía. Ante la situación económica y financiera que encontró al hacerse cargo debió haber comenzado por resolver el problema con el FMI como prioridad. Esto le habría permitido aflojar la presión sobre las reservas, renegociar la deuda con el Club de París en mejores condiciones y facilitarles a las provincias la renegociación de sus deudas con menores costos. Y recién entonces debería haber encarado la renegociación con los deudores privados que poseían títulos de deuda bajo el amparo de legislación extranjera. El resultado es que perdió meses tratando de imponer condiciones inaceptables en los contratos de renegociación. Algo que no consiguió. Obtuvo una quita de los intereses y una postergación en los vencimientos interesante y bien encarada, pero el mal manejo posterior de los títulos de deuda, utilizándolos para tratar de evitar la suba de las distintas cotizaciones del dólar, hicieron que el “riesgo país” que estaba en 1.083 puntos al terminar la renegociación, haya llegado en los últimos días más allá de los 1.730 puntos. Mientras tanto, estamos sin acuerdo con el FMI, sin el plan económico que nos prometió para después de la renegociación, con un “túnel de tiempo” y la deuda impaga con el Club de París, casi sin reservas, con una deuda impagable con el FMI y con una deuda externa del sector privado, cuya última valuación según la Secretaría de Hacienda al 30 de junio, llegaba los 80.237 millones de dólares, y con un déficit cuasi-fiscal sin precedentes: esta semana las Letras de Liquidez emitidas por el Banco Central llegaron a los 4 billones 664 mil millones de pesos…y pagan el 38% anual de intereses.

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Una mala estrategia nos ha dejado sin crédito, sin credibilidad, sin reservas y sin plan para encarar el problema. Y a esta altura no debemos pensar que el acuerdo con el FMI sea la solución a nuestros problemas. Es apenas una condición necesaria pero insuficiente. Hay mucho más para hacer si queremos reencauzar nuestra economía por una senda de crecimiento, la única que nos permitirá escapar a esta larga decadencia en que estamos encerrados.