Sobre el envío del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo

Por el FRENTE DE TODOS

Desde los frentes de mujeres y diversidades que conformamos el Frente de Todxs apoyamos la iniciativa del gobierno nacional de enviar su proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo durante este mes de noviembre e instamos a su tratamiento antes de finalizar el año en curso en el Congreso de la Nación.
 
La demanda por la legalización del aborto voluntario tiene una larga historia de lucha en nuestro país y ha crecido enormemente el apoyo social a partir del empuje de todas las organizaciones y el movimiento feminista que elevaron esta bandera y especialmente de la mano de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que este año cumplió 15 años. El 2018 la marea verde demostró en las calles que la ilegalidad del aborto somete a miles de mujeres y personas gestantes a situaciones de clandestinidad y condiciones inseguras que ponen en riesgo sus vidas.
 
Referirnos a la legalización del aborto voluntario no es solamente sacar de la clandestinidad una práctica que existe en nuestro país: es también que el Estado se ocupe de garantizar el acceso a la salud integral de todas y todes. Actualmente son las personas de menos recursos y más vulneradas quienes ponen en riesgo sus vidas al momento de interrumpir voluntariamente un embarazo de forma clandestina. Sin aborto legal no hay justicia social.

Por otro lado, avanzar con esta legislación aportaría hoy en día a descomprimir el sistema de salud dado que los tratamientos con Misoprostol –uno de los métodos más efectivos y seguros– son ambulatorios. Según la Organización Mundial de la Salud, no conllevan riesgos cuando se realizan con la información pertinente y por ende no presentan posibles complicaciones que impliquen internación y uso de camas en los hospitales.
 
Desde este espacio, durante la campaña electoral, asumimos el compromiso de defender la autonomía y soberanía sobre nuestros cuerpos, el acceso a la salud integral como derecho universal, y la prioridad de la agenda de género y feminista en las políticas públicas para garantizar la construcción de un proyecto político y de país más igualitario y con justicia social.

Hablar del derecho a decidir implica asumir un compromiso profundo para garantizar el acceso a derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos como parte de los derechos humanos fundamentales. La ley de interrupción legal del embarazo se inscribe entonces en esa línea y es continuidad de la ley de Salud Sexual y Procreación Responsable aprobada en el 2003 que, entre otras cosas, garantiza métodos anticonceptivos gratuitos en todo el sistema de salud público y de la ley que establece la Educación Sexual Integral en los diferentes niveles educativos aprobada en 2006. Otras leyes que contribuyeron a estos derechos también lo son el matrimonio igualitario (2010) y la ley de identidad de género (2012). Es nuestro gobierno el que ha llevado adelante políticas fundamentales para garantizar los derechos de las mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binaries e intersex como quedó demostrado con la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el decreto del cupo laboral travesti – trans.
 
Por último, repudiamos los hechos de amenazas y amedrentamiento que han recibido compañeras durante los últimos días. El debate en torno a la legalización del aborto debe ser respetuoso con las ideas y plural.
 
Una vez más volvemos a decir: Educación Sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar y Aborto Legal para no morir. Por eso, en este contexto tan complejo, para retomar la fuerza en las calles nos convocamos en clave federal a construir creativamente los métodos necesarios para que las voces, la determinación de las millones que fuimos en 2018 se haga presente y que la marea verde inunde todos los espacios; incluso los ámbitos legislativos y ejecutivos en estas semanas que serán definitorias para cambiar la historia.

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