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Para encontrar el camino, al final del túnel

Por JUAN MANUEL CASELLA / Dirigente de la Unión Cívica Radical

Estamos confundidos y pesimistas. La pandemia nos atemoriza y la economía castiga cada vez a más gente. ¿Cómo interpretar esta realidad? ¿Dónde está la salida?

La primera realidad es que las instituciones no están funcionando como deberían. En un régimen presidencialista, el pueblo encarga a una persona la conducción del Estado, quien debe ejercerla sin transferir sus funciones, porque la investidura de origen popular no se delega.

Hoy, vivimos un régimen bicéfalo. El Presidente ni siquiera controla la integración de su gabinete. Esta dicotomía perturba el funcionamiento institucional, lo vuelve lento, trabado, desprolijo e imprevisible, desprestigia la imagen presidencial y dilapida su credibilidad.

Esa demolición premeditada convive con una permanente vocación autoritaria. La Justicia independiente se convierte en un enemigo cuasi golpista y toda crítica es interpretada como una agresión. El poder presidencial se debilita hacia adentro y pretende compensar su decadencia endureciéndose hacia afuera.

Con ese marco institucional deformado como telón de fondo, un sector de la dirigencia política descarta el debate de ideas. El pragmatismo especulador sustituye al pensamiento, la brecha se convierte en el único argumento convocante y los temas que afectan la vida cotidiana se convierten en meras consignas demagógicas.

Luego de un largo estancamiento, la economía entró en recesión, que la pandemia profundizó. El ministro de Economía observa cómo su capacidad de decisión se licúa arrastrada por la interna que afecta a todo el Gobierno.

El nivel de pobreza y de marginalidad expone la realidad social. La caída de la clase media aumenta la pobreza, que golpea especialmente a los jóvenes. El asistencialismo no debe sustituir al trabajo porque consagra la desigualdad convirtiéndola en permanente y hace que algún dirigente oficialista piense que la pobreza le conviene porque es voto cautivo.

La elección no decide solamente nombres, sino los contenidos que esos nombres deben expresar. Cuando la política se reduce a la competencia electoral, el sistema pierde sus componentes valorativos e ideológicos.

Los representantes se oligarquizan y el sistema entra en crisis por la ruptura de su relación con la base social. Cuando un sector busca ocupar todo el poder, cuando intenta monopolizar la representación de la Nación, la crisis se produce por la pretensión de desconocer o subordinar al semejante.

No hay régimen político en el que el pueblo tolere los privilegios, el crecimiento de la pobreza, la desigualdad permanente: la experiencia muestra que la reacción social frente a la desigualdad, apunta más hacia salidas de derecha que hacia propuestas progresistas.

En los 80, Argentina terminó con la tutela militar y legitimó la democracia. Pero la pobreza que padece anticipa el tipo de sociedad en que viviremos. La corrupción profundiza la desigualdad y favorece la incredulidad y el escepticismo.

Es imprescindible reconstruir las bases políticas y económicas de la convivencia. El Gobierno debe recuperar unidad de conducción, capacidad de planificación, vocación convocante y previsibilidad. La Constitución y el sistema republicano, representativo y federal constituyen la estructura del orden institucional argentino, pero la República debe incluir políticas de crecimiento y distribución del ingreso que garanticen el mayor nivel de igualdad.

La dimensión de los problemas estructurales que padecemos exige políticas de Estado convalidadas por el Congreso que promuevan la competitividad y la eficiencia del sistema productivo, respetando los fundamentos macroeconómicos. Para alcanzar esos acuerdos, es imprescindible evitar la profundización irresponsable y especulativa del conflicto político y la tendencia a monopolizar el poder.

Las políticas públicas requieren un Estado modernizado y eficiente que promueva la solución de los conflictos, provea servicios de calidad con alcance universal, proteja el medio ambiente y diseñe esquemas demográficos que prevengan el proceso de urbanización anárquica.

Los instrumentos básicos de un modelo económico de crecimiento y eliminación de la pobreza, son el trabajo registrado y bien remunerado; un sistema impositivo simplificado que fije la imposición al patrimonio como base de la tributación; la enseñanza pública gratuita y vinculada con la investigación y la producción; el gasto auditable en salud que priorice la prevención; la inversión pública en infraestructura y la inversión privada desmonopolizada en un mercado competitivo.

La seguridad de las personas y los bienes exige una organización policial eficiente y subordinada a los límites legales; una Justicia rápida y sin complicidades y un sistema penitenciario que evite funcionar como ámbito de formación delictual.

En la política externa, fortalecer y ampliar el Mercosur, evitar los dogmatismos, integrarse al mundo sin claudicar en la defensa de interés nacional, preservar la paz a partir del derecho y ratificar el carácter sagrado de las personas y los pueblos, impidiendo su subordinación o dominio.

Para que un conjunto de propuestas se convierta en realidad, Argentina debe contar con una dirigencia que actúe por convicción. Que desprecie y sancione a quienes se enriquecen a costa del Estado. Que condene el nepotismo y las tendencias a la oligarquización. Que coloque al bien público por encima de la competencia electoral. Que no confunda el pragmatismo bien entendido con un oportunismo sin escrúpulos. Que no invente relatos manipuladores y engañosos. Que diga la verdad.

Hoy, el objetivo debe ser terminar con la pobreza y la marginalidad, restablecer el equilibrio social, crecer y distribuir con equidad, desmontar los privilegios corporativos, volver a valorar la igualdad como componente esencial de una sociedad libre. En esta etapa de nuestra trayectoria, debemos ratificar que lo contrario de la pobreza no es la riqueza, sino la justicia.