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Oficialismo: más allá de la ley y el sentido común

Por FRANCISCO QUINTANA / Vicepresidente del Consejo de la Magistratura porteño

Desde hace un año y medio los argentinos nos encontramos bajo la tutela de un gobierno que a través de sus acciones pone en duda hasta los derechos más elementales y la validez de la propia Constitución Nacional.

Como si ya no estuviéramos viviendo una de las épocas más desafiantes de la historia, en vez de aportar certidumbre y previsibilidad, el oficialismo no solo insiste permanentemente en desafiar la ley, sino también el más común de los sentidos.

Es que cuando se trata de la ley, no hay margen para la duda ni las segundas interpretaciones. Y menos cuando los cuestionamientos provienen de la máxima autoridad del país. Hay definiciones que ya no se cuestionan en ninguna parte del mundo. O casi.

En las últimas semanas han resurgido declaraciones que se pueden calificar, como mínimo, de cómplices de un accionar delictivo tipificado en el Código Penal que atenta contra el derecho a la propiedad privada y se ha hecho peligrosamente frecuente durante la gestión de Alberto Fernández.

El artículo 181 del Código Penal es claro cuando dice que será reprimido con una pena de prisión de seis meses a tres años quien “despojare a otro” de la posesión o tenencia de un inmueble “por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad”.

El derecho de propiedad no es un derecho superfluo, sino un derecho humano. Y como tal, hace a la dignidad. El artículo 17 de la Constitución Nacional es contundente: “La propiedad es inviolable”.

Como si avasallar los principios más básicos del Derecho dentro de casa fuera poco grave, además el Gobierno nacional no pierde oportunidad de aliarse con aquellos otros países que también se manifiestan – una y otra vez – poco afectos a las normas.

Recientemente, una referente del espacio oficialista – y, según dicen, posible candidata – afirmó que en Venezuela existe el estado de derecho. Venezuela es el segundo país del mundo con mayor cantidad de personas desplazadas al extranjero: 5.6 millones. Y es superado solo por Siria, que lleva años en guerra. En la última década, se cuadruplicó en el continente el número de personas desplazadas a través de las fronteras debido principalmente al exilio de venezolanos.

Venezuela es aquel país donde el mundo entero vio tanquetas atropellar manifestantes, donde se persigue de forma permanente y explícita a opositores. Parece pertinente recordar que las elecciones son condición necesaria pero no suficiente para la consolidación de una democracia.

A pesar de la existencia de innumerables informes internacionales que certifican la violación de derechos humanos que se lleva adelante no solo en Venezuela sino en otros países de la región y el resto del mundo, el gobierno argentino insiste – a través de declaraciones, abstenciones y demás gestos diplomáticos, y no tanto – en dejar de manifiesto cuál es su hoja de ruta y el futuro que desea para nuestro país. No es el que anhelamos la mayoría de los argentinos.