Estamos haciendo las cosas bien

Por LEOPOLDO MOREAU / Diputado Nacional por el Frente de Todos

Que la pandemia afecta a toda la sociedad no está en discusión. Tampoco está en discusión que impacta de manera desigual, dependiendo del lugar que cada uno ocupa de acuerdo al nivel de ingresos o de carácter patrimonial que se tenga. 

En el caso del desenvolvimiento del proceso productivo la complejidad es mayor, porque sin duda la parálisis del proceso económico afecta severamente la rentabilidad, la inversión y el trabajo. Aquí hay que hacer un alto para recordar que el aparato productivo ya venía fuertemente dañado por una epidemia inmediatamente anterior a la que estamos sufriendo: el macrismo.

Hecha esta introducción, me gustaría subrayar que, más allá de las acciones sanitarias e institucionales que se han encarado mancomunadamente, esto no significa asumir inocentemente que detrás de la pandemia no sigue desarrollándose una fuerte puja por la redistribución del ingreso. 

Repasemos algunos de estos escenarios. El más sencillo de visualizar es, probablemente, el de la renegociación de la deuda externa y también es en el que más consenso se reúne, mas allá del accionar mediático de los que actúan como barras bravas y voceros de los fondos de inversión acreedores de la Argentina y de los ataques especulativos que, sobretodo en materia cambiaria, han desatado sectores financieros asociados a estos mismos fondos de inversión. Pero cuando nos adentramos a otros aspectos de la puja distributiva las fronteras se corren, el campo de los consensos se achica y surgen interrogantes y preocupaciones que no quiero dejar pasar por alto.

Es evidente que el Estado, guiado por el interés del gobierno de no dejar caer aun más de lo que ya venía ocurriendo (y se terminó de agravar con el coronavirus) el aparato productivo, puso en marcha un esfuerzo fiscal de una enorme magnitud. Y ese esfuerzo lo lleva a la práctica en un escenario inédito desde la lógica capitalista, porque está financiando o subsidiando simultáneamente el consumo y la oferta, pero con un Estado endeudado hasta la coronilla y en virtual default. Por lo tanto, sin acceso a los mercados de deuda. Es así, que respondiendo a ese dilema, el bloque del Frente de Todos (ámbito de debate de todas las fuerzas que lo integramos y garantía de respaldo al contrato electoral que nos llevó al gobierno) impulsó la iniciativa de un gravamen sobre el patrimonio de las grandes fortunas, engrosadas en estos últimos cuatro años por ganancias extraordinarias obtenidas por aquellos que negociaron sus productos o sus servicios en dólares y, por supuesto, con especulaciones financieras que en muchos casos derivaron en fuga de capital.

Sancionar esa norma no es sólo un imperativo moral, sino una cláusula de justicia distributiva que arrimaría recursos imprescindibles. Creo que el frente de tormenta que desataron los sectores que nunca están dispuestos a aportar al desarrollo nacional y que, por el contrario, están utilizando todos los medios a su alcance para oponerse, debe ser firmemente enfrentado con un compromiso más activo por parte del Poder Ejecutivo y su esfera comunicacional. También las estructuras de militancia debemos redoblar nuestro despliegue, promoviendo esta propuesta que, además, nos permitiría ganar terreno en una batalla cultural en la que, generalmente, hemos corrido con desventaja. Debemos pensar que en la pospandemia en la agenda tenemos que incluir un debate sobre el sistema tributario. No hay que dejar pasar esta oportunidad.

En otro orden, pero siempre en referencia a la puja distributiva (una de las razones de la grieta), quiero hacer un capítulo aparte con el tema de los ingresos salariales en este dificilísimo contexto. Antes aclarar que, como parte de un espacio nacional, popular y democrático, es obvio que tengo muy en claro que la defensa de los puestos de trabajo y la inversión productiva hacen a la esencia de nuestro proyecto, pero que igual categoría tiene para nosotros la preservación de los ingresos de las mayorías populares aún en el peor de los escenarios y entonces, también en este dilema, tenemos que imponer principios de justicia distributiva.

Volvemos a lo mismo: el Estado está haciendo un esfuerzo gigantesco. Se dispone a pagar el cincuenta por ciento de los salarios en miles de empresas, otorga enormes ventajas impositivas, suspende aportes patronales, mantiene el congelamiento de tarifas de servicios públicos y combustibles. Entonces ¿por qué homologar un acuerdo genérico que contempla una baja del 25 por ciento en los salarios? Debemos cuidarnos que el coronavirus no termine homologando la ecuación de Prat Gay, cuando sostuvo que había que sacrificar salarios para mantener puestos de trabajo. Por supuesto, los riesgos para la estabilidad laboral en este escenario son enormes, pero no en todos los casos.

Por esa razón, no se puede establecer un principio general. Insisto que nuestra preocupación debe ser sostener el ingreso de los argentinos. En el caso del empleo formal y registrado no parece equitativo dejar avanzar quitas de esta naturaleza. Hay sectores de la economía que no se han paralizado y, es más, son beneficiados por aumentos de precios totalmente injustificados. Para los que no, habrá que asegurarse que los trabajadores tendrán rápidos beneficios para cuando su sector se reactive. Hay instrumentos para hacerlo. 

Si no actuamos de esta manera el interrogante surgirá naturalmente. ¿Por qué el Estado y los trabajadores tienen que hacer el esfuerzo y los empresarios no? Lo peor que nos podría pasar es que ese frente social se resquebraje, porque lo necesitamos fuerte para las batallas que vienen. Tampoco el día de mañana debemos dejarnos interpelar por no llevar a fondo el gravamen a las grandes fortunas. Estamos haciendo las cosas bien. Las podemos hacer mejor. No tengo dudas.


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