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Ley penal juvenil: una norma que merece revisión

Por MARCELO D´ALESSANDRO / Ministro de Justicia y Seguridad porteño

La democracia tiene una gran deuda: la sanción de una nueva Ley Penal Juvenil que no sea concebida sólo con una óptica punitiva, sino de manera multidisciplinaria e integradora. El tema aparece como un “espasmo coyuntural” cada vez que un menor comete un delito grave y luego se esfuma, hasta que se repite. Es hora de discutir seriamente y tomar decisiones.

Desde que fue sancionado el “Régimen Penal de la Minoridad” por la dictadura militar, en 1980 con la firma de Jorge Rafael Videla, si bien se presentaron más de 100 proyectos modificatorios desde todo el arco político, éstos nunca se trataron. Sólo se maquilló con pequeños cambios. Sin embargo, sobran ejemplos para concluir que esta ley ha fracasado.

Hoy, cuando se corrobora que un menor delinquió se lo declara inimputable, se cierra la causa y regresa al mismo lugar que en muchos casos lo desprotege, corrompe o lo empuja a volver a la senda delictiva. Y las bandas organizadas lo usan, garantizando la impunidad.

La falta de proceso que inicie una investigación silencia a la víctima y restringe el derecho de defensa del menor. El primero no encuentra respuestas de la Justicia, y el segundo vive en estado de sospecha permanente con la consecuente condena social.

En la Ciudad, del total de detenidos por robos y hurtos en el año 2020, el 14,51 % eran menores. Se llegó a detener al mismo joven hasta 3 veces en un día. Paradójicamente, tarda más el policía al labrar el sumario que el menor en recuperar su libertad. Muchas veces el policía termina denunciado, aunque se pone en su cabeza la obligación de actuar.

Pareciera que se pretende que un policía dirima estas situaciones con el menor en la calle, cuando el problema es de políticas públicas. Los responsables somos los dirigentes y nos tenemos que hacer cargo.

Hubo cambios culturales, tecnológicos y sociales en los últimos 41 años, que hacen que un menor no sea como en los 80’. Soy de los que creen que, en general, entienden la criminalidad de sus actos. Y no estoy solo. La mayoría de los países del mundo lo sostienen.

Nadie sale a robar con el código penal debajo del brazo. La sola baja de la edad de imputabilidad no va a resolver el problema. Hay que ser responsables y sentarse a trabajar en una mesa interdisciplinaria.Se tiene que terminar con ese vacío legal.

No hay que anteponer ideologías en esto. Aquellos que sostienen que “es culpa de la sociedad que les dio la espalda” después no se sientan a dar el debate. Parece que quieren esconder la realidad. Pero en el fondo es un discurso vacío.

Dicen querer ayudar a incluirlos y, por evitar que el Estado intervenga, terminan marginándolos. Lo que no ven es que cuando un chico sale a robar con un arma en la cintura dispuesto a todo, lo más probable es que termine matando o muriendo en un enfrentamiento. Entonces es mentira que los están cuidando.

Es muy dañino para la formación de un joven que ante un delito nunca haya una instancia donde aprender que está mal y poder reconocer su error. No tengo dudas de que sólo con eso nos evitaríamos que muchos vuelvan a delinquir. Son dos grandes ejes a considerar: educar y reparar.

Ser indiferentes ya nos llevó a profundizar el resquebrajamiento del tejido social.