La pandemia no justifica los abusos de poder

Por ADOLFO RUBINSTEIN / Ex Secretario de Salud de la Nación

Por SOFÍA PIRSCH / Politóloga

Este año comienza a avizorarse el fin de la pandemia con la llegada de la vacuna. Sin embargo, así como tendremos vacuna para el coronavirus, aún no tenemos “vacuna” para los abusos policiales, muertes y violaciones a los más elementales derechos humanos tal como los que vimos a lo largo de la pandemia, en algunas provincias como Formosa y Santiago del Estero, cuyos gobernantes ejercen el poder público llevando las cosas a límites impensados en una democracia.

La existencia de regímenes subnacionales con fuertes características autoritarias en países democráticos no es nueva ni exclusiva de Argentina. Sin embargo, un error recurrente en el imaginario argentino es pensar que personajes políticos como Gildo Insfrán son una desviación que puede ser corregida fácilmente. Nada más lejos de la realidad. 

Un estudio de CIPPEC muestra que ganarle al oficialismo en muchas provincias encierra grandes dificultades para la oposición, y en los lugares en los que, además, las elecciones se ganan por amplio margen, donde el oficialismo controla también las legislaturas y puede remover jueces discrecionalmente, es aún más difícil.

Así, la capacidad de contrapeso entre los poderes se debilita, y el rol de las elecciones como instancia de rendición de cuentas también. Ni que hablar en las provincias donde la reelección es indefinida, en que la concentración del poder y el aprovechamiento de las ventajas del oficialismo se exacerban en la figura de una persona.

Es habitual que estas provincias reciban transferencias establecidas por la Ley de Coparticipación mucho mayores a las que obtienen con su propia recaudación de impuestos, y los gobernadores pueden utilizar estos recursos con casi absoluta discrecionalidad.

Para el politólogo argentino Carlos Gervasoni, esto hace que sean menos competitivas y más autoritarias, porque sus gobernantes utilizan estos privilegios fiscales para debilitar las limitaciones a su poder y restringir la competencia política.

De acuerdo con datos de IARAF, Formosa encabeza la lista de provincias más dependientes de la nación, con un 93,6%. La siguen de cerca La Rioja (91,3%), Catamarca (89,9%) y Santiago del Estero (89,1%).

La democracia no se limita simplemente al acto de votar periódicamente. Es necesario garantizar institucionalmente la participación ciudadana en los asuntos públicos, el ejercicio de derechos y la existencia de la competencia política, entre otras cosas.

En una provincia en la que hace 25 años gobierna la misma persona con férreo control de los medios de comunicación y la Justicia, donde más de 40% de la población es pobre y el empleo estatal representa más de 60% del empleo total, donde se encarcelaron concejalas opositoras y se armó una burda puesta de escena para recibir al Secretario de DD.HH., donde se prohibió el ingreso de 8000 residentes durante meses con la excusa de la pandemia, y donde las denuncias por violaciones a los DD.HH. han sido tan recurrentes como desoídas, ¿podemos hablar de democracia real?

Los gobernadores de enclaves autoritarios como Formosa buscan contener los conflictos en el nivel local para evitar que escalen a nivel nacional, por el riesgo de que el poder central promueva un cambio de régimen en esa provincia. El gobierno nacional posee recursos institucionales para esto.

La Constitución Nacional establece, por ejemplo, que el gobierno federal tiene la potestad de intervenir las provincias. Sin embargo, no se ve a Alberto Fernández muy alterado por el escándalo de Formosa.

El Presidente parece no querer arriesgarse a una pelea con el PJ, mientras busca hacer pie como líder de un partido que ha manifestado públicamente su apoyo al polémico gobernador Insfrán. Para avanzar con su agenda legislativa, no parece dispuesto tampoco a alterar las relaciones con los leales representantes que tiene Formosa y otras provincias aliadas en el Congreso.

Los elogios recientes del Presidente al gobernador Insfrán muestran que es poco probable que al gobierno nacional le interese intervenir en algo que agravia a la sociedad y que la pandemia y la acción de las redes sociales, por fuera de los medios provinciales, pusieron en evidencia.

Por el contrario, la presencia del Secretario de DD.HH. en la provincia y algunas declaraciones de Santiago Cafiero minimizaron estas prácticas autoritarias en lugar de defender a la ciudadanía de la provincia. Pareciera que sólo la oposición de JXC está interpretando ese cansancio moral de los ciudadanos de Formosa y del país. Desilusiona, pero no sorprende.

Si hay una regla de oro que sostiene una democracia madura, esa es la alternancia. Para pasar de una democracia de “baja intensidad” que sé corroe y degrada desde adentro, a una democracia plena en estas provincias, es necesario que el Gobierno nacional y el Congreso intervengan activamente, rompiendo una cultura política e institucional que no sólo niega las libertades más básicas, sino que además compromete su desarrollo económico y social.

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