La cuarentena y sus consecuencias jurídicas

Por HÉCTOR COSTA / Abogado

El primer caso de coronavirus tuvo lugar en Wuhan, China, en el mes de diciembre de 2019 y desde entonces la propagación del virus no tiene fronteras. Actualmente son 1,777.515 los infectados y 108.862 los fallecidos a nivel mundial siendo los países más afectados Estados Unidos, España, Italia, Alemania, Francia y China. Argentina no es la excepción, a la fecha de hoy, 12 de abril, son 2.142 los infectados mientras que 90 han perdido la vida.

Es claro que la pandemia, declarada por la OMS, genera afectaciones sociales, económicas, políticas, jurídicas, entre otras. Respecto al ámbito jurídico, nuestro presidente de la nación, Alberto Fernández, a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) dictamino la cuarentena obligatoria con el fin de “prevenir la circulación y el contagio del virus”. De modo que se le exige a la población que permanezca en su domicilio y solo se les permite salir para abastecerse de recursos indispensables como alimentos, medicamentos y artículos de limpieza. No obstante existen trabajadores que se encuentran exceptuados y deben prestar tareas, tal como lo está el personal de salud; las fuerzas armada; bomberos; el servicio meteorológico; control de tráfico; las autoridades nacionales, provinciales, municipales y de CABA; los tribunales de turno; el personal diplomático y consulado extranjero; el personal de apoyo o asistencia de discapacitados, mayores, niños y adolescentes; personal de servicios funerarios, entierros y cremaciones; los medios de comunicación; comedores escolares, merenderos y comunitarios; los afectados a obra pública; supermercados, veterinarias, farmacias, ferreterías y proveedores de garrafas; industria alimentaria; sector agropecuario y de pesca; servicio de telecomunicaciones, internet fijo y móvil y servicio digital; actividades vinculadas con el comercio exterior; servicio de recolección, transporte y tratamiento de residuos; personal proveedor de servicios básicos y atención de emergencias; transporte público, de petróleo, combustible y GLP; personal encargado del reparto de insumos; servicio de lavandería; servicio de postales y paquetería; personal de vigilancia, limpieza y guardia; y por último, la casa de la moneda, cajeros automáticos y transporte de caudales. Todos los mencionados podrán circular únicamente con un permiso extendido por el empleador o puede obtenerse por medio del sitio web “Tramites a distancia” del gobierno nacional. En consecuencia el empleador debe velar por el cumplimiento de medidas de prevención y seguridad.

Es esencial que quienes poseen los síntomas de la enfermedad o provengan del exterior permanezcan en cuarenta por un término de catorce días, así como también aquellos individuos que estuvieron en contacto con alguno de estos casos mencionados.

Ante el incumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y sin justificación o autorización al individuo le corresponde la aplicación de una sanción penal y conjuntamente a puede iniciarse una civil por daños y perjuicios. Como indica el presidente: “aquel que no pueda explicar qué hace en la calle se verá sometido a las sanciones que el Código Penal prevé para quien viola las normas. Vamos a ser inflexibles”

Empero la misma dependerá de si obró con:

· Dolo: tiene conocimiento de la enfermedad y la intención de contagiar. Su conducta encuadraría en el art. 202 del Código Penal el cual expresa: “Será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”.

· Culpa: actuó con falta de imprudencia, pues no tomo los recaudos suficientes para evitar el contagio. Por ejemplo, mantuvo contacto con sujeto llegado de alguno de los países afectados.

· Trasgresión de la cuarentena, sin embrago no se generó ningún perjuicio. Para este caso, es aplicable el art. 239: “Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”.

Otro aspecto debatible es que ocurre de no producirse contagio, corresponde considerar si se trata de tentativa o no, de serlo la pena es inferior tal como manifiesta el art. 44: “se disminuirá de un tercio a la mitad”.

Asimismo, se aplicaran multas que van desde los diez mil pesos ($10.000) a ochenta mil pesos ($80.000), según la ley de faltas N°451. Sin embargo las sanciones económicas dependerán no solo del criterio del magistrado interviniente para cada caso en particular, sino que de la gravedad de la cuestión, lo que significa sus agravantes y atenuantes.

Ahora, de circular con vehículo se procederá a su retención y secuestro hasta primera instancia, una vez concluido el aislamiento a fin de evitar que se continúe con el desplazamiento y la trasgresión de las normas. En este caso puede ordenarse la inhabilitación para conducir.


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