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La Ciudad quiere habilitar la construcción de una torre que pone en riesgo dos monumentos históricos nacionales

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires firmó un convenio con una constructora para levantar una torre de 20 pisos. Será en un predio que se encuentra en plena Área de Protección Histórica (APH). Allí rige una medida judicial que impide que suceda este tipo de obras por el riesgo que se le implica al patrimonio arqueológico. Se trata de dos instituciones fundadas en 1745 que se encuentran en el microcentro porteño.

El convenio con la empresa Nehuente SRL fue presentado en la Legislatura porteña y contempla a la manzana que integra el Área de Protección Histórica denominada: “Catedral al Norte”. La misma está delimitada por la Avenida Córdoba y las calles Viamonte y Reconquista. Allí se encuentran la iglesia y el monasterio que datan de la época colonial, ambos declarados Monumentos Históricos en 1942.

La iniciativa plantea que, en la otra mitad de la manzana, sobre un terreno ocupado por un estacionamiento privado, se permita una construcción que podría alcanzar los 20 pisos. Por la porción restante, que da a la calle Viamonte, se transformaría en un espacio público verde. Esa sería la contraprestación que ofrece la empresa al gobierno por habilitar dicha edificación. Todo esto se encuentra explicado en un expediente.

La organización en defensa de patrimonios “Basta de Demoler” indicó que el acuerdo “es ilegal” porque vulnera las sentencias de los Juzgados Contencioso, Administrativo y Tributario de la ciudad y el Tribunal Superior de Justicia. Además, anticiparon que elevarán una denuncia penal a los diputados firmantes de este convenio urbanístico.

En 2011 ya existió un acuerdo con el gobierno porteño para edificar algo allí. En ese entonces, varias organizaciones en defensa del patrimonio se manifestaron en contra. Recurrieron a la Justicia porteña para denunciar que el terreno es considerado un “fabuloso yacimiento arqueológico”. Se presentó un recurso de amparo con respuesta favorable que fue apelada por la Ciudad.

Este proceso judicial se extendió hasta 2016 y alcanzó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, donde se confirmó el amparo. Se refirió a una “desmesura en celo por los intereses privados y postergación del interés en la preservación del patrimonio histórico”.