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Fallan a favor de un hombre a quien se le había negado la renovación de su certificado de discapacidad

En una causa en la que intervino la Defensoría CAyT N° 3, a cargo de la defensora oficial Lorena González Castro Feijóo, la Cámara de Apelaciones de la Ciudad confirmó la sentencia de grado dictada a favor de un hombre a quien el Ministerio de Salud porteño le había rechazado la renovación de su Certificado Único de Discapacidad.

El amparista, quien a raíz de un traumatismo sufrió la pérdida de visión en su ojo izquierdo, había obtenido el certificado en 2007. Luego le fue prorrogado hasta 2017, cuando la Junta Evaluadora de Discapacidad se lo rechazó indicando que su caso no encuadraba en los criterios de discapacidad visual establecidos en una disposición de 2015. Si bien en primera instancia el Juez había hecho lugar al amparo, tomando como acreditada la discapacidad del hombre y ordenando al Ministerio de Salud porteño que se expida nuevamente sobre la renovación del certificado, esta resolución había sido apelada por el Gobierno de la Ciudad.

Al rechazar la apelación, la Cámara se apoyó en los argumentos vertidos en el Dictamen Fiscal. En el mismo, se indica que el Gobierno porteño no logró rebatir los fundamentos brindados por el Juez de la causa para ordenar la renovación del certificado, “teniendo en cuenta la previa emisión del certificado en 2007 y su renovación en 2012, la inexistencia de modificaciones en el cuadro médico del actor, [y] el informe pericial arrimado en autos por el Cuerpo Médico Forense”. Pero sobre todo, teniendo en cuenta el alcance del derecho a la salud de la persona discapacitada a la luz del principio de no regresividad, el cual “impide que, alcanzado un determinado estándar de protección y goce, la regulación y la situación de hecho vuelvan luego a estadios de menor satisfacción efectiva del derecho”, tal como se había señalado en el fallo de primera instancia.

Asimismo, en el Dictamen Fiscal al que remitió la Cámara se rechaza también el argumento de la separación de poderes al que había aludido el Gobierno de la Ciudad, ya que fue el propio Ejecutivo porteño quien emitió y renovó el certificado en base a las previsiones de la junta médica, “sin haberse modificado las circunstancias que dieron lugar a dicho reconocimiento (…) conclusión que impide una consideración regresiva de los derechos del accionante”.