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El virus que ataca la transparencia en la gestión

Por ANDRÉS IBARRA / Ex Ministro de Modernización de la Nación

¿Qué pasa con las vacunas? ¿Dónde están las que aún no se aplicaron? (aproximadamente 1.8 millones hasta hace pocos días). ¿Cuál es el programa de entrega de vacunas para nuestro país? ¿Cuáles han sido los causales de no disponer de vacunas Pfizer o Moderna? ¿De qué se tratan los contratos con los laboratorios? ¿Cuáles son esas condiciones contractuales? ¿Qué pasa con la trazabilidad de testeos? ¿Cuál es el detalle de envíos de vacunas a cada rincón de la Argentina? ¿Cómo y dónde se han distribuido?

Estas y otras tantas preguntas se formula la sociedad entera en estos días ante la ausencia de información del gobierno nacional. A ello le sumamos una serie de desafortunadas decisiones en materia de información pública, entre ellas, no responder a numerosos pedidos de información en el marco de la Ley 27275 de Acceso a la Información o la no publicación de secciones de datos abiertos o información de decisiones por parte de organismos como por ejemplo el Enacom; entre otras situaciones.

Y por último, pero no menos trascendente, la adopción de medidas que fueron a contramano de la evolución de un Estado moderno, como por ejemplo el cierre de la SAS (Sociedades por Acciones Simplificadas), que favorecía la creación de empresas en pocas horas por parte de emprendedores; así como también la eliminación de procesos de tramitación digital, favoreciendo “atajos” de gestión a través del uso nuevamente de arcaicos procesos que emplean el papel. Claramente estamos en problemas.

Se trata nada mas y nada menos que un retroceso gigante de la Argentina tanto en la evolución hacia un Estado moderno y digital, como en el proceso de fomentar un gobierno abierto, profundizando la transparencia activa en todos sus niveles; teniendo en cuenta que ambas condiciones son factores clave para el desarrollo y crecimiento sostenido de un país.

La importancia del tema me lleva a llamar la atención de nuestros ciudadanos, ya que como sociedad no podemos permitir que se produzca este retroceso, sobre todo teniendo en cuenta el enorme esfuerzo que realizamos los argentinos en los últimos años para dar un salto importante en estos aspectos.

Haciendo algo de memoria, este camino se inició allá por marzo de 2011, cuando desde el gobierno de CABA lanzamos la política de Gobierno Abierto que luego replicaríamos en la gestión presidencial de Mauricio Macri entre 2015 y 2019.

Hasta ese entonces, los conceptos de “gobierno abierto”, “datos abiertos”, “plataformas colaborativas” eran ideas vagas, poco conocidas y de escasa incidencia práctica en la gestión pública de las administraciones de nuestro país. Desde el gobierno nacional, bajo el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, no había ni un atisbo de intención y menos de decisión política para apoyar y desarrollar esta importante iniciativa a nivel país. La ausencia de rendición de cuentas, sin un marco de transparencia establecido, repercutió en innumerables causas de corrupción y malas prácticas de gestión, que se fueron descubriendo año tras año.

En primer lugar, debe entenderse que no basta con que discursivamente un gobierno simplemente hable de la “transparencia” en la administración de lo público. Es necesario que existan políticas que acompañen las ideas, con sistemas de gestión apropiados, generando información certera que posibilite el seguimiento de la gestión en sus distintas áreas por parte de los ciudadanos. Justamente esto es lo que llevamos adelante durante el mandato del presidente Macri, a partir de su firme decisión de propiciar un gobierno abierto, apoyado en la enorme transformación digital del Estado, desarrollando asimismo portales de datos y plataformas colaborativas para compartir la información con los ciudadanos.

En segundo lugar, en la era de las comunicaciones y las redes sociales, junto al desarrollo de la tecnología, no existe limitación práctica alguna, salvo la decisión política contraria , para que la gestión y, esencialmente sus datos, no puedan ser compartidos y por ende publicados para que estén a la vista de cualquier argentino. Nuestra primera decisión política tomada en esta línea fue el decreto presidencial número 434 de 2016 que propició la creación del Plan de Modernización del Estado. Ese decreto fue acompañado por otro, el 117/2016, que  dio inicio al Plan de Apertura de datos. Luego se fueron sucediendo distintas normativas, que demostraron la voluntad expresa de digitalizar la gestión y volver pública la información del gobierno.

Los resultados muy contundentes fueron, entre otros:

  • La digitalización de más 20 millones de expedientes que antes eran papel.
  • La generación de más de 2000 trámites digitales para facilitar la gestión de ciudadanos y empresas.
  • La unificación de trámites e información a través de un sitio web y una app llamada Mi Argentina al que se sumaron más de 2 millones de usuarios permanentes.
  • El desarrollo de la VUCE (Ventanilla única de comercio exterior) para facilitar y agilizar los trámites de exportaciones .
  • El desarrollo de la SAS (Sociedad por acciones simplificada) para permitir registrar en horas una nueva sociedad en Argentina, trámite que antes llevaba meses.
  • El desarrollo de los sistemas Comprar y Contratar para tramitar las compras y licitaciones públicas de manera digital, permitiendo mayor velocidad y por supuesto, transparencia absoluta.
  • El portal de datos abiertos para todas las dependencias del Poder Ejecutivo.

Todo ello permitió que la Argentina mejorara de manera destacable en diversos indicadores de transparencia. De la misma manera contribuyó a la percepción global de que finalmente nos encaminábamos a comportarnos de acuerdo con las mejores prácticas del mundo al igual que cualquier país desarrollado.

En el índice de Transparencia Internacional, la Argentina pasó del puesto 107 hacia fines de 2015 al puesto 66  en 2019. En el índice de Naciones Unidas sobre el desarrollo de gobierno electrónico (EDGI) pasamos del puesto 41 en 2016 al puesto 32 en 2020. La mejora de los “servicios on-line” del país fue del 17% y los de su infraestructura de telecomunicaciones del 44%.  Además, en 2019, la Argentina ocupó el puesto número 23 en el Índice de Gobierno Abierto de la OCDE, cuando antes ni calificaba.

Y para coronar estos avances, al finalizar la gestión dejamos a nuestro país ejerciendo la presidencia de la Alianza Global de Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés), mejorando la posición del país al pasar del puesto 54 al 17 en el Índice Global de Datos Abiertos.

Toda la gestión de Gobierno Abierto fue un verdadero punto de partida, a través del cual muchas ciudades y provincias de nuestro país se sumaron también a estas políticas públicas transparentes. Ello se debió por supuesto al avance de numerosos procesos de digitalización de las gestiones que permitieron generar cantidad de información en tiempo y forma, para luego ser publicada.

Francamente hoy no hay excusas para que las administraciones públicas no gestionen de manera transparente y den respuesta de este modo a una generalizada demanda de la sociedad civil. Los sistemas están. La tecnología está. Los datos se pueden generar fácilmente. En consecuencia, convertirse en un Estado Digital y Abierto solo depende de dos condiciones: la decisión política y la instrumentación eficaz de la gestión pública.

Solo tendremos futuro como país si comprendemos la importancia que tiene en términos de credibilidad gestionar de manera abierta y transparente, rindiéndole cuentas a la gente. Ello generará confianza en nuestra dirigencia política y como sociedad lograremos acercarnos a las mejores prácticas de las naciones más desarrolladas.

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