El valor del periodismo en tiempos complejos

ADEPA Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas

El último semestre siguió siendo pródigo en poner a prueba nuestra capacidad para procesar información copiosa y compleja. Tiempos en los que la realidad continuó imponiendo su tono imponderable y su violenta crudeza. Tiempos en los que, como sociedad, necesitamos más que nunca saber, entender, reflexionar, actuar e incidir.

En un período donde aún resuenan los efectos de la pandemia del coronavirus, el mundo sumó en las últimas semanas un conflicto bélico de dimensiones impactantes e  imprevisibles. A todo ello se agrega un contexto local que arrastra divergencias políticas profundas y, sobre todo, problemas económicos estructurales que siguen erosionando la posibilidad de un camino de desarrollo y mejora real en la vida de los argentinos.

En ese contexto, el periodismo siguió tratando de aportar su papel de brújula, de ordenador, de traductor. Siguió poniendo luz a lo desconocido, transparentando lo que se quería ocultar, denunciando los autoritarismos y las arbitrariedades, abriendo los ojos de un mundo que se hermanaba en la solidaridad y hacía frente a la irracionalidad. Siguió apostando a preservar derechos humanos básicos como la vida y las libertades públicas.

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Pocos tiempos como estos últimos fueron tan elocuentes en mostrar para qué sirve la prensa. Con sus errores, incluso con sus desvíos, pero tratando de sobreponerse –desde los simples hechos– a la propaganda y la desinformación. Confrontando esos hechos con las burbujas de sentido, con la polarización algorítmica, con los sesgos de confirmación tan instalados en nuestros días. Procurando informar con precisión y opinar con rigor, aun desde distintas miradas editoriales.

La mejor prueba de que eso importa y molesta es que la prensa se sigue enfrentando a los desafíos tradicionales de la censura, de la persecución y hasta de la violencia, como vemos en la invasión a Ucrania por Rusia, y la consiguiente catástrofe humanitaria que se está produciendo. Pero también hay graves situaciones en latitudes más cercanas de Latinoamérica. No es casual que la represalia sea por lo general contra periodistas o medios y no contra plataformas o redes sociales. Los hechos, las personas en el lugar de los hechos, las opiniones basadas en hechos, siempre son más molestas que los memes, los videos virales o las noticias falsas.

Desde Adepa felicitamos a los medios y periodistas argentinos que asumieron el enorme desafío de cubrir la guerra desde el terreno. Sin duda hemos sido uno de los países del continente con mayor despliegue en Ucrania, pese a los riesgos y los costos que ello implica. La valentía, el profesionalismo y la calidad de estas coberturas merecen una congratulación y reivindican el valor del periodismo.

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También expresamos nuestra solidaridad con los colegas de distintos países que cubren la guerra. Seis periodistas murieron y más de 30 resultaron heridos desde que comenzó la invasión. En Rusia, en tanto, informar ha sido convertido en un delito. No obstante, vemos muestras de coraje como la de Marina Ovsyannikova, la periodista que irrumpió en una transmisión de la televisión estatal rusa con un cartel en el que denunció la desinformación. Como contrapartida, debe destacarse la actitud del gobierno ucraniano para que los periodistas puedan acceder a su territorio e informar sobre las consecuencias de la invasión rusa.

Asimismo, en nuestra región, y por motivos diferentes, resaltamos la grave situación en México y Nicaragua. En tan sólo tres meses, fueron asesinados en el primero de esos países ocho periodistas, una tragedia que lamentablemente se reitera en los últimos años. En Nicaragua, en tanto, fue condenada a prisión la periodista Cristiana Chamorro Barrios, precandidata presidencial para las elecciones de noviembre de 2021, quien no pudo participar de los comicios ya que fue proscripta por el gobierno de Daniel Ortega. La situación del país centroamericano se agrava día tras día con el encarcelamiento de políticos, directivos de medios y periodistas, el exilio de varios más y el cierre de diarios y emisoras audiovisuales.

El trabajo periodístico continúa siendo imprescindible para las democracias nacionales y para el equilibrio global. Por eso debemos denunciar lo que sucede en aquellas latitudes y también señalar cualquier atisbo local, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal, que tienda a debilitar o estigmatizar al periodismo. No porque nuestro trabajo no sea discutible, sino porque debe ser respetado como insumo del debate ciudadano. Recurrir a la burla en redes, promover un insulto al aire, agraviar a un medio por un artículo o increpar a un profesional en una conferencia de prensa son prácticas antidemocráticas, que se agravan cuando provienen desde lo alto del poder; y es necesario desterrarlas.

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La política nacional vive un momento de tensiones expuestas que se proyectan también sobre una economía en crisis profunda, que arrastra graves problemas estructurales. En este contexto, la labor de los medios, con sus más diversas orientaciones y opiniones, ha quedado de manifiesto en la sensibilidad y responsabilidad con las que, en su gran mayoría, están cubriendo horas verdaderamente claves para el futuro del país.

Como hemos dicho desde Adepa, las recientes crisis globales, sumadas a la situación económica local y al cambio profundo que experimenta la industria de medios en un mercado dominado por gigantes digitales, hacen necesario que tanto el sector público como el privado en general se involucren de manera más activa en la preservación del ecosistema informativo, del que dependen la sustentabilidad de las empresas de medios y los puestos de trabajo de miles de periodistas.

La mayoría de los países de Occidente lleva adelante medidas orientadas a este fin, que incluyen también la discusión del valor que los medios agregamos a las plataformas digitales y cómo debemos ser compensados por ello. Las iniciativas que las dos principales plataformas globales impulsan en la Argentina son saludables y bienvenidas, pero como hemos dicho, aún distan de ser proporcionales respecto de los ingresos que estas obtienen en nuestro país y de los estándares internacionales en materia de propiedad intelectual.

Algo similar sucede con la inversión estatal en comunicación, llamada a dar cumplimiento al mandato constitucional de difusión de los actos de gobierno y, en paralelo, contribuir a sostener los principios de amplitud, federalismo y diversidad en la oferta informativa. Esta inversión –fuertemente desactualizada, al punto que se redujo a una quinta parte en la última década– se fue deteriorando en paralelo con el agravamiento de otras variables de nuestra industria, lo que hace imperioso recomponer su volumen. Esto sin olvidar nuestra prédica permanente a favor de una distribución basada en criterios objetivos y sin desvíos ni omisiones, de acuerdo con los principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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En este sentido, desde Adepa hemos podido mantener un diálogo institucional con autoridades y funcionarios de las áreas correspondientes, a quienes hemos hecho llegar estas inquietudes y también los casos de desbalances, exclusiones o sesgos frente a dichos criterios objetivos.

También nos preocupan y seguimos con atención denuncias sobre patrullaje ideológico en medios públicos como la agencia Télam, o la emisión de sugerencias sobre coberturas emanadas desde un órgano estatal como la Defensoría del Público. El papel de un gobierno frente al periodismo independiente siempre debe ser el de respetar la libertad editorial.

El sector empresario también debe comprometerse con la libertad de expresión y el periodismo profesional, en aras del fortalecimiento del sistema de frenos y contrapesos republicanos. Como Adepa viene sosteniendo, el entorno de credibilidad y confianza de las marcas periodísticas es un reaseguro insustituible para la comunicación de particulares y empresas, a la vez que contribuye a financiar el periodismo de calidad.

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ATAQUES Y VIOLENCIA

Durante el período analizado por este informe, hubo además episodios de violencia contra medios de comunicación e instituciones públicas y privadas, que merecieron un pronunciamiento específico de Adepa. El gravísimo atentado incendiario en diciembre pasado contra el diario El Chubut por parte de manifestantes contrarios al desarrollo de la minería cruzó un nuevo y peligroso límite, en una luctuosa escalada que se había iniciado a principios de 2021 con la patota que causó destrozos en la sede del diario Río Negro y continuó en noviembre pasado, cuando la sede del Grupo Clarín fue atacada con bombas molotov.

Es menester reiterar que es totalmente repudiable que en democracia se produzcan escaladas violentas ante cualquier disidencia en el debate público. Suena redundante recordar, a casi 40 años de la recuperación democrática en el país, principios tan elementales como la resolución pacífica de conflictos, la necesidad de un debate racional y argumentado, el respeto a las instituciones y los poderes públicos, y el ejercicio armónico de los derechos y las libertades constitucionales.

Como señaló Adepa en su oportunidad, nunca el derecho a manifestarse o a expresarse puede restringir ese mismo derecho en otra persona. Ni tampoco afectar otros derechos, como la libertad de prensa, la de trabajar o la integridad física de periodistas y medios de comunicación.

En ese sentido, sigue siendo grave que desde los poderes públicos se continúe desvalorizando y estigmatizando a medios y periodistas, tal como sucedió cuando el propio presidente de la Nación retuiteó un mensaje que calificaba de “vergüenza nacional” al periodismo. Este tipo de ataque suele formar parte del discurso de ciertos sectores políticos, algunos gremios y organizaciones sociales.

En este marco, cabe recordar que enero pasado se cumplió un cuarto de siglo del asesinato de José Luis Cabezas. Adepa destacó que fueron 25 años en los que el país atravesó todas las vicisitudes posibles. Pero también un período en el que el horror de este asesinato marcó un claro límite para la violencia y la censura en el país. El repudio unánime y persistente al crimen por parte de todos los sectores de la vida civil argentina, la exigencia sin descanso de justicia hasta dar con los responsables, y luego el reclamo extendido para que las penas fueran efectivamente cumplidas, revelan una conciencia y un consenso social que, 25 años después, constituyen un activo que no debe ser minimizado.

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DECISIONES JUDICIALES

En el semestre en análisis, hubo además decisiones judiciales que preocuparon y otras que echaron una luz de esperanza. En diciembre pasado, se libró una orden de captura internacional contra el periodista deportivo argentino Julio Chiappetta, dispuesta por la justicia de Paraguay. La orden es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que excluyen la utilización del sistema penal para perseguir a periodistas por las expresiones que propalen.

El 17 de febrero la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió la ejecución del fallo que obligaba al periodista Santiago O’Donnell a entregar los originales de las grabaciones que obtuvo de las entrevistas con Mariano Macri. Un mes antes, Adepa había manifestado su preocupación por esta intimación, que constituía una afectación del secreto periodístico en lo que respecta a la búsqueda y recolección de información.

Otro fallo destacable fue la revocatoria de la Cámara Federal de Mar del Plata al procesamiento del periodista Daniel Santoro como presunto miembro de una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal, que le había dictado el exjuez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla. El fallo implicó una importante defensa del rol del periodismo de investigación en el marco de causas de corrupción.

Finalmente, en el terreno judicial debemos destacar la reciente audiencia pública convocada por la Corte Suprema para debatir la validez del denominado “derecho al olvido”, una figura sujeta a profundas discusiones en el plano jurídico internacional. En un amicus curiae, Adepa planteó la colisión de esa figura con los principios de libertad de expresión, por entender que la supresión y desindexación de información limitan el debate público. También reflexionó sobre los perjuicios que genera el opaco funcionamiento de los algoritmos de los buscadores y sostuvo que se deben encontrar soluciones que no supongan el ocultamiento de información, sino la corrección de esos algoritmos.

En definitiva, Adepa rechaza el “derecho al olvido” pero plantea la necesidad de dotar de mayor transparencia al ecosistema digital.

Adepa ha alertado reiteradamente sobre la opacidad de los algoritmos de las plataformas y redes sociales y su efecto en la polarización del debate público. Sin embargo, consideramos peligroso promover iniciativas que pretendan regular estos fenómenos desde el Estado o con participación estatal, por su potencial impacto sobre la libertad de expresión y la pluralidad del debate público.

Asimismo, Adepa reitera sus prevenciones, expresadas en 2021, en relación a algunos artículos de la Convención Interamericana Contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia, que se está tratando en el Senado de la Nación.

Como sostuvimos, estos artículos podrían interpretarse de manera ambigua y aun riesgosa en el marco de una implementación que no responda a los estándares universales de libertad de expresión. Por ello, Adepa considera que se debería hacer reserva de los mismos en la ratificación legislativa o en su defecto en su reglamentación.

PRESENTE Y FUTURO

Con una mirada en perspectiva, el mundo, el país y la industria periodística concluyen un semestre de fuertes convulsiones. En ese marco, el periodismo y la libre expresión volvieron a estar asediados pero también demostraron su valor estratégico para la sociedad. Eso nos permite mirar el futuro con esperanza y asimismo con una enorme responsabilidad, porque los desafíos son muchos y porque la libertad de prensa jamás está definitivamente conquistada.