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El linchamiento como recurso moderno. ¿Ausencia estatal o justicia popular?

Por HÉCTOR COSTA / Abogado y dirigente político

Durante la Edad Media existían técnicas de justicia popular, caso de las divinas ordalías; ya en los inicios de la Edad Contemporánea, en los albores de la Revolución Francesa, descendieron las afiladas guillotinas, pudiendo así ejemplificarse con acontecimientos que denotan que la justicia popular tiene su historia. El linchamiento supone un castigo violento y simbólico orientado a retornar a la idea del mismo en tanto espectáculo. Siguiendo a Palma, “todo indica que la imagen del delincuente como objeto físico del castigo ha reaparecido con fuerza en las últimas décadas en el mundo y, por cierto, también en nuestro país, sobre todo en el presente siglo, aparejado con el cambio radical en el gobierno del delito y la seguridad”.

Respecto del Derecho Penal, los linchamientos permiten remitir a las nociones de pena, importándose una limitación a la privación de uno o más derechos de la persona. Así, en consideración con los caracteres propios del linchamiento, la privación recaerá sobre la integridad física y psíquica de aquel que es linchado, al tiempo que a la vida del mismo. Los citados hechos constituyen una reacción ante la desconfianza ciudadana en el sistema judicial imperante en las últimas décadas en ciertas ocasiones ante la percepción de impunidad ante el crimen.

Si bien se está en un Estado de Derecho en el cual hay normativas que pregonan por salvaguardar el espíritu legal y no dar curso de acción a la llamada justicia social tan afamada recientemente, es posible dar cuenta de que el ius puniendi en calidad de facultad privativa del Estado no permite que ningún otro agente se haga con tales funciones. Así, ante una sociedad en la cual día a día los linchamientos se asientan mayormente en la sociedad, está basado en elementos estadísticos, en recursos ante la intolerancia de individuos que sienten un desamparo Estatal desde añares, se puede hacer mención a una nueva constitución de la justicia que pretende romper tales paradigmas a niveles globales.

En ese orden, surge un dual discurso que denota los desencuentros sociales acerca del tema, siendo el Estado en sendas instancias aquel que se enfrenta a un juego de opuestos. Mientras ciertos medios entienden y justifican a los linchamientos como la medida que queda, el recurso de reacción frente a un Estado ausente, otros, el caso de algunas autoridades y miembros de la sociedad civil, identifican estas acciones como vulneraciones al Estado de Derecho.

No obstante, y en vistas a los incrementos en su cantidad en las recientes semanas, lejanamente vinculados con acciones de oposiciones Estatales y o a sus deficiencias, o bien hacia su legalidad, los linchamientos representan una suerte de control social que incluye también a la institucionalidad estatal, dando cuenta de una evidente concesión respecto del monopolio de la fuerza que el Estado pregona para sí.

El derecho a vivir y a la integridad física del sujeto acciona en calidad de imperativo normativo, consagrándose tanto en la Constitución Nacional Argentina como en los instrumentos internacionales ratificados por dicha nacionalidad, haciéndose foco asimismo en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La protección de la vida, la seguridad o a la integridad individual, como así también el deber de llevar ante la Justicia a todos aquellos que atenten contra tales derechos representan obligaciones únicas, al tiempo que ineludibles de éste. En considerando con el Derecho, resultará imperiosamente necesario dar cuenta de un trabajo en políticas públicas apreciando la responsabilidad que le cabe al Estado conforme la contención de la violencia esbozada en los linchamientos.

El estado debe pensar nuevas políticas para la prevención del delito, ya que cada vez esta en aumento, las soluciones que uno piensa para un corto plazo: son tener una justicia penal que sea rápida siempre respetando las garantías constitucionales del imputado siempre respetando los derechos del imputado, una fuerza de seguridad de seguridad “bien” entrenada, preparada, actualizada y con salarios dignos. Por último, un ministerio de seguridad que responda a los intereses de la sociedad y no de la sociología. La otra solución es que se tenga un ministro/a de seguridad que haya pasado por los siete infiernos del Dante para bajar la tasa de directividad en Argentina.