Cárceles y COVID-19

Por LEANDRO HALPERIN / Legislador porteño por Juntos por el Cambio

A la crisis producida por el corona virus, nuestra sociedad sumó la preocupación por la posible liberación masiva de quienes hoy están en prisión. El debate sobre qué hacer con el sistema penitenciario precede a la pandemia, la falta de acuerdos para lograr algo mejor fortaleció lo peor; ya sabemos cuál es el resultado del “mal Estado” en la prisión.

La cárcel nos devuelve personas que sobrevivieron al infierno, saben jugar con sus reglas y que estén de vuelta entre nosotros nos da temor; hacer algo al respecto es otra de las lecciones que nos dejará esta pandemia. Pero hay un reclamo más importante aún, la necesidad y el derecho de tener Justicia.

El corona virus nos enfrenta a dilemas constantes. Desde que se decretó el aislamiento social y obligatorio decidimos priorizar la protección de la salud pública, el desafío de toda una nación es que el sistema de salud pueda contener la demanda de aquellos que lo necesiten; se requerirán de camas, profesionales e insumos que sabemos escasean. Para intentar evitar el contagio masivo, la prevención es la única herramienta posible mientras el mundo busca una respuesta mejor.

Muchas de las medidas que se implementan afectan derechos esenciales, por ello tienen que ser necesarias, acotadas en el tiempo y proporcionales; deben tener controles eficaces y el Estado debe rendir cuentas de los criterios y fundamentos que adoptó para aplicar las decisiones que toma. La relevancia de estos aspectos cobra todavía más valor cuando advertimos la presencia de otro flagelo, la infodemia; que es la sobreabundancia de piezas y contenidos de desinformación, falsos y de rápida propagación entre las personas y medios. No se trata, en el caso de las prisiones, de analizar la libertad de nadie que no haya cumplido su condena, se habla de prisiones domiciliarias; y su concesión debe analizarse de manera restrictiva e individualizada por parte de los jueces; situación que lamentablemente no ocurrió en todos los casos.

La falta de rigurosidad en los datos y el método complica la objetividad de las decisiones a tomar. El gobierno ha mostrado discrecionalidad a la hora de impulsar las  solicitudes existentes, y la actividad del secretario de Derechos Humanos de la Nación es el mejor ejemplo de lo que no debe hacerse. También otorgar beneficios a quienes cometieron delitos aberrantes es intolerable para la sociedad y viola los derechos de las víctimas. Los responsables de estos dislates deben rendir cuentas.

La prioridad es evitar nuevas víctimas, la prevención de la saturación del sistema sanitario es un desafío que debe abordarse de manera armónica con el derecho a la seguridad y a la justicia. Esto nos impone la necesidad de realizar propuestas idóneas para alcanzar los objetivos de manera integral, las medidas que se adopten deben contener este análisis, y las condiciones que surgen de los párrafos anteriores. Es imprescindible la objetividad en el recorrido, el conocimiento por parte de la ciudadanía de los límites para su aplicación y que funcionen de manera plena los mecanismos de control y rendición de cuentas.

En la actualidad hay más de noventa mil personas encarceladas, de ellos aproximadamente un 2% tiene más de 65 años y se ubican entre la población de riesgo. La escasa cantidad, y su distribución en distintos establecimientos, brinda la posibilidad de acondicionar espacios aislados del resto de la población penitenciaria, dentro o fuera del perímetro de los penales, que tengan las debidas medidas de seguridad y prevención de contagio que se vuelven imposibles en los pabellones.

Un 14% está preso por delitos leves, criterio que se clarifica por el tiempo de la sanción que debe ser menor a los 3 años para ingresar en esta categoría. Son estos los casos que podrían acceder a la prisión domiciliaria en el supuesto que habiten cárceles con hacinamiento, luego del análisis profundo por parte de la autoridad judicial, de la consulta a las víctimas en los casos que corresponda, de evaluar que el domicilio en donde se llevará adelante la medida es apto para su aplicación y de la existencia de controles para su efectivo cumplimiento.

Existe un tercer grupo de presos que podrían estar incluidos en este beneficio, y es el de aquellos que ya estaban gozando de salidas transitorias y se encuentren cerca del fin de su condena. Este colectivo genera temores fundados en los casos de quienes están en  la cárcel por delitos graves, por lo que es imprescindible que el acceso a la prisión domiciliaria sea excepcional, indefectiblemente con control electrónico geolocalizado, que las víctimas participen de la toma de decisiones y que sea el único recurso posible ante un riesgo objetivo que sea real e inminente para esta persona.

Debemos prestar especial atención también a la situación de quienes trabajan en las cárceles, el virus no podría entrar a la prisión si el Estado los protegiese como es debido; pero esto no sucede. La desidia para con ellos afecta sus derechos como trabajadores y es la única causa qué provocó y puede seguir provocando el ingreso del virus a la prisión. Brindarles la protección que merecen también previene la saturación del sistema de salud y disminuye la cantidad de prisiones domiciliarias que se analicen otorgar.

Finalmente quiero señalar otro riesgo que nos amenaza como sociedad, la pandemia nos enfrenta a diario con el miedo a lo desconocido; las implicancias de esto nos recuerda a “Casa tomada” el cuento de Julio Cortazar que narra como dos hermanos son expulsados de su casa por algo que los hace desplazarse por su interior hasta quedarse sin ella. Lamentan la progresiva cesión de espacios frente a eso que no saben que es, pero que toma de a una todas las habitaciones de su hogar, y los protagonistas viven la situación como algo irremediable y normal.

Al riesgo que enfrentamos por la pandemia se le agrega el peligro de socavar los valores que nos definen cómo sociedad, tenemos reglas para convivir y es obligación de quienes nos gobiernan respetarlas y procurar salvar todas las vidas posibles. No tenemos permitido considerar que hay vidas que valen menos que otras, arriesgar o quitarle la vida a alguien no puede ser una opción ni siquiera para con quienes hayan cometido graves delitos. De lo contrario y si elegimos ese camino, nos empezaríamos a parecer a lo mismo que sancionamos y llamamos delito.


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