Camila Crescimbeni, impulsora de la Ley Yolanda

ENTREVISTA La Diputada Nacional de Juntos por el Cambio habló en SECCIÓN CIUDAD sobre esta ley que establece la capacitación obligatoria en ambiente a quienes trabajen dentro de los tres poderes del Estado.

La diputada nacional por Juntos por el Cambio Camila Crescimbeni habló con SECCIÓN CIUDAD sobre la aprobación de la Ley Yolanda. La misma establece una capacitación obligatoria en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático para quienes trabajen dentro de los tres poderes del Estado. El nombre Yolanda para la ley es en homenaje a la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano que tuvo la Argentina y Latinoamérica, Yolanda Ortiz.

“Es un gran día para la militancia ambiental porque finalmente se aprobó la Ley Yolanda. Este proyecto surgió en 2019 cuando varios diputados nos capacitamos en la organización Eco House, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. Así en febrero de este año, junto a la ex directora de Educación Ambiental de la Nación Catalina Caillet Bois y distintas agrupaciones jóvenes, pensamos este proyecto al cual invitamos a todos los diputados de los demás bloques para que lo firmen. Con esta ley buscamos crear una política de Estado que se sostenga más allá de los gobiernos“, contó Crescimbeni a SECCIÓN CIUDAD.

Según la Diputada, “con la Ley Yolanda, no se hubiese frenado la inversión en energía eólica, Es muy importante que nuestro país vaya hacia una transformación energética. También con la ley, este año las distintas Direcciones de Compras hubieran mirado a los proveedores que hace un enorme esfuerzo por ser sostenibles o agroecológicos”.

DETALLES DE LA LEY YOLANDA

La ley establece que los “lineamientos generales deberán contemplar como mínimo información referida al cambio climático, a la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, a la eficiencia energética y a las energías renovables, a la economía circular y al desarrollo sostenible. También deberá contemplar información relativa a la normativa ambiental vigente”.

No obstante, será la autoridad de aplicación de la ley la que deberá, en los 90 días posteriores a la entrada en vigencia de la norma, determinar los lineamientos generales destinados a las capacitaciones. Convocará a “instituciones científicas especializadas en la materia, así como de la sociedad civil y sus organizaciones”.

También dispone que las personas que se nieguen “sin justa causa” a realizar las capacitaciones “serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación”. El incumplimiento de esa intimación “será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente”. Además, la autoridad de aplicación podrá hacer pública en su página web la negativa a participar en la capacitación.

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