Acampes: una postal de la precariedad y la política del fracaso

GERARDO MILMAN / Diputado Nacional por Juntos por el Cambio

Cada semana que pasa la Argentina nos ofrece postales del deterioro social y económico en el que naufraga durante los últimos dos años. El más reciente de todos, con reminiscencias llamativas a lo que fueron los inicios turbulentos de este siglo en la Argentina, es el acampe que realizaron recientemente las organizaciones sociales en las inmediaciones del Ministerio de Desarrollo Social en la avenida 9 de Julio. Una postal que ilustra con crudeza y precisión la delicada situación de precariedad en la que se encuentra el país.

Esa precariedad es múltiple y de diversas índoles. La primera y la más obvia es la precariedad económica, porque son cada vez más las personas que no pueden satisfacer sus necesidades elementales. Luego está la precariedad social, porque esta exclusión tensa la coexistencia entre ciudadanos produciendo enfrentamientos y conflictos a lo largo de la comunidad, como se ha visto con claridad en estos últimos días. Después de todo, no hay mayor perjudicado por los cortes de calles que el conciudadano que necesita ir a trabajar.

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Hay una precariedad institucional también, que se exhibe en el desdibujamiento de las competencias y los roles del Estado tal y como están concebidos por el sistema republicano que nuestra Constitución enarbola. Y, finalmente, está la precariedad cultural, dado que se desvanece cada vez más ese pilar fundamental de nuestras sociedades que es la cultura del trabajo, basada en el deseo individual de servir a otros con el talento y el esfuerzo propios, y del reconocimiento de la comunidad a ese servicio por la mediación del dinero.

El dinero, que ha sido históricamente un símbolo del valor que las personas producimos, se convierte así en un elemento espurio que retiene a miles de personas en una simbiosis perversa con el Estado. Muchas de esas personas, desafortunadas, son quienes marchan a los organismos del Estado a pedir un dinero que no refleja ningún valor real, que se vuelve una ficción de poder adquisitivo.

Este año se cumplen veinte de esta dinámica que conjuga, de manera cada vez más viciada, planes sociales, conflicto en las calles y un crecimiento monstruoso de la estructura del Estado que desvirtúa el sentido de sus funciones: velar por el orden de la vida común entre ciudadanos libres y autónomos. Todos esos elementos se mezclan y se pierden en el barro de la desidia actual, cuyo principal causante no es otro que la política del fracaso: políticos que implementan medidas destinadas a fallar (porque vienen mal de fábrica) y que alimentan así una ciudadanía que se identifica más y más con sus propias fallas. Se van configurando así nuevos conceptos culturales, en reemplazo del de la cultura del esfuerzo: la cultura del fracaso, el país de los fracasados y el Estado que fracasa en “rescatarlos”. El razonamiento que se impone es este: fracasar es bueno, porque los buenos fracasan (y, complementariamente, el éxito es cosa de gente mala e inmoral).

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Pero estamos convencidos de que aún no es demasiado tarde para revertir esta espiral del deterioro. De esas cuatro claves, donde se evidencia la precariedad –la economía, la sociedad, las instituciones y la cultura– la política debe operar sobre la tercera: el andamiaje institucional que, en gran medida, es el nudo que hay que desatar para desenredarse de esta lamentable y muy prolongada situación. ¿Cómo? Consideramos que el problema anida en el concepto mismo de Ministerio de Desarrollo Social.

Primero abordemos la cuestión más elemental: no se puede hablar de “desarrollo” dentro de este esquema que es, a todas luces, regresivo. No hay ninguna posibilidad de desarrollo en un instrumento dedicado a retener en la pobreza a millones de personas. La contención, –como les gusta decirle a quienes la promueven como virtud– no es desarrollo. Y si la contención, además, es sobre las condiciones expulsivas que el Estado mismo genera, la dinámica se vuelve un “te quito, te doy”, es decir algo extorsivo. Dejemos pues de engañarnos con la falacia del desarrollo.

En segundo lugar, hay que señalar que ya se ha vuelto un lugar común, algo que queda bien decir de cara a la opinión pública, que precisamos convertir a los planes sociales en planes de trabajo o de reinserción laboral. Tan evidente se ha vuelto la precariedad de este esquema que sus grandes promotores, sentados hoy en la mesa de decisiones del Poder Ejecutivo Nacional, lo dicen abiertamente (porque no les queda otra). ¿Pero cómo se puede instrumentar semejante tarea desde el lugar centralizado y único de un ministerio nacional? La respuesta es que no se puede. A quienes les compete esta tarea, por un sentido puramente práctico, es a los Estados subnacionales: es decir a las gobernaciones provinciales y a los municipios.

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Propondremos, por lo tanto, un proyecto de ley que transfiera los recursos actualmente destinados a dicho ministerio hacia las provincias. Estas, a su vez, deberán distribuir de manera proporcional y acorde dicha asignación a sus municipios. De esta manera se podrá implementar un sistema más eficiente de asignación de planes, destinado a beneficiarios que puedan demostrar su necesidad real de percibirlos y un seguimiento pormenorizado de cómo evoluciona la situación laboral y productiva de cada uno, en aras de una eventual reinserción laboral que permita prescindir, a dicho ciudadano, de su plan social.

El actual Ministerio de Desarrollo Social, dentro de este nuevo esquema, se convertiría en un organismo nacional de auditoría, una Agencia de Políticas Sociales, que siga la implementación de las provincias y pueda, adicionalmente, acompañarlas en un ejercicio más eficiente de la tarea.

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De esta manera, no solamente se asegurará una mayor eficiencia en la asignación de planes sociales con miras a reinsertar a sus beneficiarios en la comunidad productiva, sino que también se desactivará otro de los grandes vicios de nuestra política actual: el clientelismo, que es, a fin de cuentas, el hilo con que se ata todo este paquete de precariedad social, cultural, institucional y económica. Provincias y municipios de distintos signos políticos en todo el país deberán trabajar conjuntamente bajo la supervisión de un organismo nacional (que también deberá tener, a nivel directivo, una conformación plural) para hacerle frente al gran problema de la Argentina que nos empuja cada día un poco más hacia la perdición total: la pobreza y la improductividad de una gran parte de su sociedad.

Se trata de una nueva comprensión y abordaje del problema de la exclusión social y económica, que tiene un espíritu indudablemente más federal, dado que empodera a las provincias, sobre el reconocimiento de que son ellas quienes conocen y comprenden mejor los matices y variantes del problema, en cada territorio de la Argentina. De otra manera, lo que se prolongará es una cultura y una política del fracaso, que no hace otra cosa que reeditarse así misma. Las reminiscencias de la postal que vimos estos días así lo demuestran. Parece una imagen de hace dos décadas y sin embargo está ocurriendo hoy. Debemos frenarla ahora, antes de alcanzar el punto de no retorno.