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A la comunidad educativa de la Ciudad de Buenos Aires

Por MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad siempre sostuvo  una política institucional en defensa del derecho constitucional a la educación, pilar esencial de una sociedad justa y democrática, propiciando la inclusión y la igualdad de oportunidades, y resguardando especialmente los derechos de grupos o sectores en situación de vulnerabilidad social.

En tal sentido, a lo largo de los años, se desarrollaron múltiples acciones para garantizar el acceso a las vacantes escolares en el nivel inicial o primario (en conformidad al artículo 24 de la Constitución de la Ciudad), así como también, gestiones administrativas y/o judiciales en resguardo al Derecho a la Información y a la participación de la comunidad educativa, el adecuado mantenimiento de la infraestructura escolar y su financiamiento, o la defensa de la continuidad de establecimientos educativos para evitar su cierre o achicamiento, entre otras cuestiones.

En este marco, y ante la situación excepcional planteada por la pandemia, es necesario desplegar acciones que, con la mayor responsabilidad, garanticen el Derecho a la Educación pero que, a su vez, sostengan y respeten las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades competentes. Esto último, deviene de carácter necesario para mitigar los efectos de la pandemia en resguardo del derecho a la vida y la salud de todos los habitantes.

En la coyuntura actual se observa que crearon situaciones de incertidumbre que preocupan a muchas familias, que reciben información contradictoria y cambiante sobre la organización de la vida escolar.

En estas circunstancias, este Ministerio entiende que debe respetarse el derecho de las familias que, en función de su autonomía, y a fin de preservar su salud, prefieran no concurrir en forma presencial a los establecimientos educativos y garantizar en estos casos la continuidad de la educación virtual. Asimismo, esta opción no debe ocasionar ningún perjuicio para los alumnos/as (como cómputo de faltas, pérdida de vacantes, baja de becas, entre otros).

A su vez, debe garantizarse la conectividad adecuada y de calidad de todos los alumnos, para garantizar el funcionamiento de esta modalidad.

En tales condiciones, teniendo en cuenta el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, así como también los derechos de los padres en el ejercicio de su responsabilidad parental, este Ministerio se encuentra a disposición de la comunidad educativa para su asesoramiento y acompañamiento, en pos de la protección integral de sus derechos.

0800-DEFENDER (33-336-337)

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