Jueves, 4 de Octubre de 2018

Protesta social y políticas de Estado

Por: MARIO REINA

Indudablemente el reclamo social ante la profundización recesiva que se avecina, hace que estemos alertas a como el Gobierno resuelva la obvia ecuación de conflicto.

 

Recordemos que actualmente la normativa vigente en la materia es el "Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas", dado a conocer por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich durante el mes de febrero de 2016, ante el Consejo de Seguridad Interior (órgano integrado por los responsables de Seguridad de cada provincia).

 

Este protocolo reemplaza la Resolución 201/2011 de dicho Ministerio, con el solo objetivo de diferenciarse ideológicamente de aquel antecedente normativo (firmado por la ex Ministra Nilda Garré), ya que no aporta mejora alguna sino, por el contrario, genera vacíos peligrosos para un Estado de derecho en plena vigencia.

 

Lamentablemente la democracia nos debe una ley en la materia, en virtud que los proyectos presentados en el Congreso Nacional durante años anteriores, no lograron concretar el debate y su sanción. De aquellos proyectos, el actual oficialismo retoma la teoría que sostenía en su propuesta del año 2014, a través del entonces diputado Federico Sturzenegger, consistente en fomentar una política pública que tenga como fin reprimir y criminalizar la protesta social.

 

Esa doctrina surge del actual protocolo que, peligrosamente, nada regula sobre el armamento de las fuerzas de seguridad. Anteriormente en la Resolución 201/2011 estaba prohibido que cualquier policía que participara de un operativo, en un contexto de movilización, llevara armas de fuego. Hoy nada dice al respecto. Tampoco nada se dice en relación a cómo deberían utilizarse las armas menos letales, como las balas de goma, que antes de 2016 se podían utilizar como recurso de defensa de los propios efectivos, en caso de verse amenazados, pero no se podía utilizar para dispersar una manifestación.

 

La ministra Bullrich instruye a las fuerzas de seguridad para que procedan a hacer cesar las protestas, que se desarrollen en la vía pública, e incita a generar causas penales contra los participantes de las manifestaciones sociales, desconociendo la extrema relevancia que éstas tienen en una sociedad republicana y democrática. Desconoce principios constitucionales haciendo prevalecer el orden público por sobre el derecho a la libertad de expresión, de reunión y protesta social, ignorando estándares del derecho comparado internacional, que determinan justamente lo contrario.

 

El “diálogo” que el Gobierno nacional pretende escenificar, se diluye con la práctica de su propio accionar. Remarquemos nuevamente: resulta imperioso plasmar políticas de estado con carácter permanente y no diferenciarnos ideológicamente de gobiernos anteriores. La actual ministra ojalá pueda sortear la tentación conservadora de reprimir para las minorías y concrete un salto de calidad institucional, para gobernar las mayorías.

 

Para ello es necesario generar políticas equitativas y no represivas, garantizando el derecho de todos los ciudadanos: de quienes quieran circular y de quienes quieran protestar. Todavía hay tiempo para lograrlo.

 

MARIO REINA   Miembro de la Junta Comunal 5, por el Partido Justicialista

#475