Lunes, 25 de Junio de 2018

El Senado es la casa de las provincias

Por: GABRIELA MICHETTI

Nuestro sistema parlamentario permite el desarrollo del debate y discusión de las leyes en dos tiempos, uno en cada cámara, y cada una de ellas tiene características y composiciones propias que permiten enriquecer el análisis.

 

La Cámara de Diputados representa de una manera más directa a la población en su rica diversidad, y la Cámara de Senadores representa a las provincias, con sus realidades particulares, con su idiosincrasia local, y con la mirada puesta en cómo afectan las normas a una y otra provincia, que nunca es de manera exactamente igual.

 

En relación a la discusión sobre el aborto que se lleva adelante por estos días en el Congreso, se ha escuchado que algunas personas consideran que no debe darse discusión en el Senado "porque en Diputados ya se discutió suficiente". Tal afirmación desconoce en absoluto la riqueza de nuestro sistema parlamentario, y del sistema federal en el que se organiza nuestro país. Los senadores tienen la obligación de escuchar con un oído atento las distintas posiciones que representan al pueblo de sus provincias, máxime cuando las votaciones se realizan en Buenos Aires en medio del ruido de la ciudad. Ciertamente la enorme mayoría de ellos lo hace.

 

Por esto, en esta segunda parte del debate que se debe darse en el Senado, será esta mirada la que hay que agregarle a lo que ya se ha dicho sobre el proyecto que viene con media sanción desde Diputados.

 

Serán los senadores los que deben acordar la mejor manera para llevar adelante esta discusión, pero sin duda no se puede obviar el enorme valor de la opinión de cada ciudad de cada provincia.

 

En la asignación de giros que he realizado, en cumplimiento con mi deber como Presidenta del Senado, no hay planteos de tiempo.

 

Los tiempos necesarios lo deberán establecerlos los senadores, según cómo ellos acuerden la manera más seria de estudiar este tema. Por ello, no es responsable hablar de apuros o dilaciones. Con seguridad el tema se trate en un plenario de comisiones, es decir una reunión en la que se juntan los senadores de las comisiones intervinientes. Que esa reunión tenga algunas sillas más es un dato menor, o en todo caso, le aporta miradas enriquecedoras. Restringirlo, empobrece el análisis.

 

Yo no defino cuantas reuniones tendrá ese plenario, o que modalidad adoptará el debate, eso lo acuerdan entre sus integrantes.

 

Por último, respecto de ciertas críticas recibidas por los giros asignados quiero expresar que fue la misma cantidad de comisiones que la otorgada por la Cámara de Diputados. Las comisiones que deberán intervenir son aquellas que permitirán un debate profundo según los diversos aspectos que este proyecto aborda.

 

Entiendo que nadie puede objetar la intervención de la comisión de Salud para conducir el debate, ni de la comisión de Justicia y Asuntos Penales ya que modifica directamente el Código Penal.

 

En relación a la participación de la comisión de Asuntos Constitucionales, aunque hubo alguna crítica, entiendo que la mayoría comprende con racionalidad que debe tener la mirada desde esa perspectiva, toda vez que nuestra Constitución Nacional desde el año 1994 incorporó como parte suya los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, materia que se ha puesto en juego en este debate, tanto desde una posición como desde la otra.

 

Por último, la crítica más fuerte que he recibido es el giro que considero más claro. Si una ley como la que se está discutiendo, de ser sancionada deberá ser llevada adelante por el Estado (sea este nacional o provincial) es esencial considerar el factor presupuestario, pues sino la ley será absolutamente inaplicable.

 

Que una prestación sea gratuita para el paciente, no significa que no sea pagada por el Estado. Esto pasa con absolutamente todas las prestaciones y servicios que brinda el Estado gratuitamente, se financian con dinero del fisco. El Congreso tiene la potestad de decidir, mediante una ley, que el Estado deba hacerse cargo de cubrir cualquier costo que sea otorgado gratuitamente al ciudadano. En todos los órdenes. Pero para poder tomar esa decisión debe saber cuánto le está ordenando al Poder Ejecutivo destinar a ese beneficio, y de donde debe sacar los fondos para tal fin, sino sería toda una puesta en escena sin una aplicación real posible. Esta mirada es la que le aporta la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Particularmente, siendo la Salud una responsabilidad de las provincias, el Senado debe poner especial atención a los costos que significarán para las provincias la ejecución de esta posible ley.

 

Espero que las pasiones que este tema despierta no nublen a Senadores, que son conscientes y habitualmente grandes defensores del enorme rol institucional que tiene el Senado de la Nación, guardián de los intereses de las provincias, y les permita dar lugar a un debate con la altura que este tema necesita.

 

GABRIELA MICHETTI   Vicepresidenta de la Nación

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